Junín. Pobladores increpan a funcionarios de ENAMI EP |
Tal como lo preveían representantes de organizaciones y gobiernos locales de Intag, la presencia de la Empresa Nacional Minera (ENAMI EP) fue rechazada en su intento de arrancar la exploración en la concesión minera denominada Llurimagua, mundialmente conocida por el nombre de la comunidad cercana: Junín, en la zona de Intag.
En en esta comunidad, días atras (agosto 20), y por unanimidad de sus habitantes la ENAMI EP (Empresa Nacional Minera) fue expulsada. Hombres, mujeres y niños, rechazaron categóricamente la presencia de la empresa estatal, y de manera firme y decidida les exigieron que se retiren de la comunidad, advirtiendo que no serán bienvenidos en otra ocasión.
Esto a raíz de que la ENAMI EP realizara una serie de reuniones en diversas comunidades de Intag. Sus objetivos eran socializar el proyecto Llurimagua, la ley minera, la “minería del siglo 21”, el proceso de obtención de licencia ambiental, resultados de las encuestas de percepción realizada, entre otros.
En las reuniones mantenidas se evidenció el nulo interés de la gente en permitir el avance de la minería. La tónica principal fue el reclamo por la poca transparencia y la información tergiversada e incompleta que presentó la ENAMI EP y sobre todo, la desconfianza que existe por el proceso mismo de socialización y consulta.
En este último año, empresas públicas e instituciones del Estado han engañado a la población y procedido de manera irregular para obtener licencias ambientales. Tal es el caso del proyecto hidroeléctrico Manduriaco de la empresa pública Hidroequinoccio, CELEC y el constructor Odebrecht. Así también la obtención de la licencia ambiental para exploración minera avanzada en la concesión Mandariyacu con intervención de la estatal chilena CODELCO. En ambos casos la población participó de procesos de consulta que no sirvieron para que sus inquietudes sean recogidas por las autoridades y mucho menos que las inconsistencias y vacíos de los estudios ambientales sean subsanados. Por el contrario, luego del “show” de audiencia pública, en tiempo récord y violando la constitución y las leyes, se otorgo sendas licencias ambientales. La participación de la gente a su parecer, fue para cumplir un mero formalismo, tomar la foto y brindar un sánduche y una cola.
El proceso de la ENAMI EP no parece ser diferente, pues sus funcionarios, mas de 25, no dieron respuestas satisfactorias en temas fundamentales como la participación de la CODELCO en este proyecto, pese a que existen documentos oficiales que indican la entrega de estas áreas a la empresa chilena. Tampoco fueron claros sobre el proceso de consulta previa que deben realizar. Así mismo, no respondieron sobre las medidas que el Estado debería tomar ante las irregularidades que cometen las mineras que explotan actualmente en Intag como la Cementos Selva Alegre de la transnacional La Farge, la marmolera CECAL o la mina de oro de Agroindustrial El Corazón. La población cuestionó que si no pueden dar soluciones a esos problemas, como pueden hablar de minería responsable y abrir un nuevo frente de conflicto.
Fue evidente que los funcionarios de ENAMI EP nunca imaginaron el nivel de conciencia e información actualizada de la gente de Intag. Los impactos de la minería en los niveles ambientales, sociales y económicos no son un misterio para la población y el guión que repiten los funcionarios de ENAMI es rápidamente desvirtuado con ejemplos reales y conceptos irrefutables que la gente maneja luego de 15 años de resistir y enfrentar al Estado y las corporaciones mineras.
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Al buen entendedor pocas palabras. ¿Estará ENAMI EP y el Gobierno en capacidad de comprender que en Intag las posibilidades de obtener una licencia social son prácticamente nulas? Es probable que las presiones del Gobierno central por obtener recursos y los compromisos internacionales adquiridos, le obligue a continuar en este intento, y esperemos que esto no signifique un intento de militarizar la región, con consecuencias imprevisibles para el Gobierno, la sociedad y el país.
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